• Se alega que la cacería de votantes no ciudadanos es una treta para perjudicar a las minorías
MIAMI, 7 DE JUNIO DE 2012, NHR.com—Según NHR.com ha podido conocer, que el Estado de la Florida no ha dado respuesta alguna a la carta que la pasada semana le enviara el departamento de Justicia ordenándole que cesaran en la eliminación de miles de votantes que no son ciudadanos americanos y que se habían inscrito para votar.
A esta ilegalidad el departamento de Justicia le ha dado poco caso, y le ha ordenado al estado que cese en quitar los nombres de estos votantes del patrón electoral.
Bajo la ley federal, el departamento de Seguridad Nacional se supone que proporcione la información sobre la ciudadanía al Estado para, entre otras cosas, compararla con los registros de votantes, pero al departamento de Seguridad Interna se le ha pedido esos datos desde mediados de octubre de 2011 y hasta el momento se ha negado a hacerlo. Por su parte, un portavoz de Seguridad Interna se negó a comentar si la Agencia está rompiendo la ley.
El departamento de Justicia actuó políticamente y cometió un error con la exigencia a la Florida para que dejara la purga de los votantes que no tengan la ciudadanía norteamericana, de acuerdo con Fuentes contactas por NHR.com.
Por otra parte, analistas jurídicos dijeron que el departamento de Justicia, está controlado por una persona nombrada por el presidente demócrata Barack Obama, y de ahí que esté actuando políticamente.
Los liberales han descrito la purga como un intento de “supresión de votantes”, en parte porque muchas de las personas potenciales, específicamente el 87 por ciento, son minorías. Los blancos y los republicanos son los menos con probabilidades de enfrentar esa eliminación.
La purga ha sido puesta en suspenso en casi todos los sesenta y siete condados después de que el departamento de Justicia exigió el cese del esfuerzo. También se generó la lista producida por el estado, con casi 2.700 votantes sospechosos de no ser ciudadanos.
En Miami-Dade se han encontrado sólo 13 personas que no son ciudadanos. Dos de ellos podrían haber votado y podrían ser procesados judicialmente.
