• Proyectan prohibirlas y cerrar los cafés de internet y los centros de entretenimiento donde se utilizan para el juego ilegal
MIAMI, 20 DE MARZO DE 2013, NHR.com—Desde la semana pasada NHR.com ha estado tratando de conocer sobre el giro que ha tomado en Tallahassee un proyecto de ley que declararía ilegal a las famosas maquinitas tragamonedas que tanto alboroto causaron cuando la lucha electoral de Carlos Giménez y Julio Robaina por la alcaldía de Hialeah, y el conflicto surgido entre el alcalde de Miami, Tomás Regalado y el entonces jefe de policía, Miguel Expósito.
El interés mayor por conocer lo que iba ocurriendo en el capitolio de Tallahassee surgió al conocer que la vicegobernadora de la Florida abandonó su cargo tras ser cuestionada por investigadores estatales por sus vínculos con Allied Veterans of the World, una organización caritativa que aparentemente operaba un negocio de juego ilegal en cafés de internet. Actualmente, la Legislatura estatal debate la legalidad de las máquinas tragamonedas en los restaurante y cafés de internet.
En octubre del 2010 el alcalde Tomás Regalado impulsó una ordenanza requiriendo que los dueños de las máquinas “de entretenimiento” paguen $500 por una licencia anual para operar en la Ciudad de Miami. Cuando promovía la ordenanza, que explícitamente prohíbe el juego ilegal, Regalado dijo que podía generar unos $750,000 anuales en nuevos ingresos para la Ciudad. Pero eso nunca pasó. Noel Chávez, quien supervisa el programa de licencias de negocios de Miami las califica de ilegales, añadiendo que la Ciudad no ha recibido pago alguno ni ha emitido permiso municipal a ningún propietario del negocio de las maquinitas.
En Hialeah, sin embargo, las máquinas de entretenimiento licenciadas por la Ciudad generan más de $1 millón en ingresos cada año, según funcionarios municipales.
Al igual que la ordenanza de Miami, la de Hialeah explícitamente prohíbe el uso de las máquinas para el juego ilegal y los pagos de premios de más de 75 centavos. Ahora, el Senado y la Cámara estatal están considerando proyectos de ley para prohibir las llamadas maquinitas y cerrar los cafés de internet y los centros de entretenimiento que las autoridades creen que se utilizan para el juego ilegal. No es desconocido que el cabildeo de los casinos que operan en el sur de la Florida están detrás de los esfuerzos de los legisladores por ponerle un alto a las maquinitas.
Apresan a integrantes de tenebrosa pandilla en Puerto Rico
• La presenciade Héctor Pesquera al frente de la policía ha resultado exitosa en la batalla contra el crimen
MIAMI, 20 DE MARZO DE 2013, NHR.com—La presencia de Héctor Pesquera como superintendente de la policía de Puerto Rico ha llevado a la Isla del Encanto más tranquilidad en cuanto a la disminución del crimen en ese Estado Asociado de Estados Unidos, pero como NHR.com ha informado anteriormente, es muy posible que el ex director del FBI en el sur de la Florida esté pronto de regreso con nosotros.
Pesquera en estos momentos está decidiendo si permanece otro año en Puerto Rico al frente de la policía, o si vuelve para Miami-Dade, donde es director de Seguridad del Puerto de Miami.
Fuentes de entero crédito le dijeron a NHR.com las próximas horas son cruciales para la decisión final de Pesquera, y mientras esto ocurre, operativos de la policía y la Agencia Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), lograron el arresto de 31 miembros de una de las pandillas más tenebrosas del tráfico de narcóticos en Puerto Rico, la cual tiene ramificaciones en varias ciudades de Estados Unidos.
Esta es una de las bandas más peligrosas que comenzaba a expandir sus operaciones de narcotráfico fuera de la Isla, y se logro ser desarticulada en la madrugada de ayer tras un operativo que se llevó a cabo en el barrio San Isidro de Canóvanas, según la DEA.
“Esta organización operaba en dos ciudades de Estados Unidos. El cabecilla y once miembros de la organización se mudaron a una de estas ciudades para establecer una línea desde Puerto Rico y continuar con la distribución de drogas en Estados Unidos”, dijo el vocero de la DEA.
Durante el transcurso de la investigación, agentes de la DEA monitorearon el desarrollo de las operaciones de la pandilla, presuntamente liderada por un individuo identificado como Miguel A. Canales Villalongo.
Los 31 acusados enfrentan cinco cargos de conspiración por distribuir de sustancias controladas a 1,000 pies de una escuela. De ese total, 12 de los acusados también enfrentan un cargo adicional por usar armas de fuego en actividades de narcotráfico.
Se informó que el fiscal federal Alberto López Rocafort estará a cargo del caso. De ser encontrados culpables, los acusados enfrentan un mínimo de diez años en prisión y un máximo de cadena perpetua, con multas de hasta $10 millones.
