• La fiscal estatal, el alcalde de Hialeah y los legisladores patrocinadores de la ley declarándolas ilegales aclararán diferencias
MIAMI, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2013, NHR.com—Para mañana jueves está programada una reunión entre la fiscal estatal Katherine Fernández Rundle, el alcalde de Hialeah Carlos Hernández, y el representante estatal Carlos Trujillo, con el peopósito de aclarar las diferencias en cuando a la interpretación de la ley sobre la ilegalidad de las maquinitas tragamonedas de videos.
“Esta reunión es muy importante”, dijo el alcalde Hernández.
De acuerdo con la fiscalía y la alcaldía de Hialeah, las máquinas tragamonedas son legales, y lo único que las convierte en ilegales es que sorprendan al dueño de un negocio donde esté instalada la máquina pagándole un premio al cliente que esté o haya jugando en ella.
La ley HB-155 aprobada recientemente por la legislatura, las hace ilegales.
De acuerdo con las ordenanzas de la ciudad de Hialeah, se permite operar las máquinas tragamonedas, siempre y cuando paguen por una licencia y solo las usen para entretenimiento. En Hialeah existen más de 2.000 de estas máquinas, ubicadas en distintos establecimientos, sobre todo en cafeterías, restaurantes, tiendas de conveniencia etc., y esto le genera a la ciudad un ingreso de más de $1 millón 200 mil anualmente.
El asesor legal de la policía de esa ciudad solicitó la opinión legal de la Fiscalía del Estado, que respondió que para establecer la ilegalidad de las máquinas, las autoridades de la ciudad deben probar la existencia de pagos monetarios a los jugadores.
Esta actitud sorprendió a los representantes estatales Carlos Trujillo y José Félix Díaz, quienes fueron patrocinadores de la ley. NHR.com contactó al representante Díaz quien señaló que ellos “continuarán ratificando que las máquinas tragamonedas son ilegales”, añadiendo que durante la reunión del jueves se podrían aclarar las posiciones de la fiscalía y el alcalde.
A nuestras preguntas de que si el alcalde Hernández permanece plantado en su teoría de que son legales, que podría ocurrir, Díaz indicó que el gobernador podría convocar a un Gran Jurado y el alcalde pudiera ser suspendido”.
