MIAMI 3 DE AGOSTO DEL 2015, nhr.com—El consejo de Gabinete de Panamá instruyó al Ministerio de la Presidencia para que presente una demanda administrativa de nulidad ante la Sala Tercera de la Corte Supresa de Justicia de los contratos suscritos en el 2010 entre ese país y las empresas Selex, Augusta y Telespazio todas filiales de la italiana Finmeccanica por la compra de radares, helicópteros, mapas digitales y otros equipos por unos $250 millones.
Finmeccanica es la socia del condado Miami Dade, ya que por medio de su subsidiaria AnsaldoBreda el condado le entrego un contrato por $350 millones de dólares para la fabricación de 136 vagones para el Metrorail, los primeros deben de entregarse en septiembre de este año.
Los argumentos del Gobierno panameños para adoptar esta decisión se sustentan en el hecho de que varios fiscales italianos efectúan investigaciones para determinar si hubo actos de corrupción en la celebración de los citados contratos y en el de la construcción de cárceles modulares con la también empresa italiana Svemark.
La resolución del Consejo de Gabinete señala, además, que juzgados italianos también han abierto procesos penales contra personas directa o indirectamente relacionadas con las empresas Selex, Agusta, Svemark, o con el conglomerado Finmeccanica.
Otra de las razones que el Gobierno aduce para asumir esta decisión, se basa en el hecho de que los procesos judiciales referidos han avanzado al punto de decretarse el llamamiento a juicio de los imputados, entre estos el empresario Valter Lavítola, quien fungió como intermediario de Finmeccanica en la negociación con Panamá durante la administración de Ricardo Martinelli.
Asimismo, la decisión obedece a que las autoridades panameñas han estudiado pruebas que indican la existencia de graves causales de nulidad de los contratos.
Por otro lado, la resolución detalla que algunos de los bienes descritos en los contratos suscritos por Panamá con las empresas italianas aún no han sido suministrados, y por tanto se ha decidido demandarlos por ilegales.
La pasada semana, la Embajada de Panamá en Italia remitió al Ministerio Público y este a la Corte Suprema de Justicia las dos condenas decretadas al empresario italiano Valter Lavítola por ilícitos relacionados con Panamá.
Se trata de la condena a tres años de prisión por haber tratado de extorsionar a la empresa Impregilo, que es mencionada en la resolución del Gabinete a través de la cual se avaló la presentación de las demandas de nulidad.
Se sospecha que pudo existir algún tipo de extorsión o que se cometió algún delito contra la empresa, con el fin de ocultar un pago indebido a través de la donación de un hospital en la provincia de Veraguas.
