MIAMI 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015, nhr.com—Una gran ofensiva en las cortes están realizando varias compañías de taxis de Tallahassee y el condado Broward, las que se han unido para presentar dos demandas contra las empresas UBER y Lyft, en momento en que tanto Broward y Miami Dade contemplan legalizar a ambas empresas de viajes compartidos.
Ayer dimos cuenta de una demanda presentada en la Corte del Circuito en Tallahassee alegando que el estado de la Florida no le están requiriendo a las empresas UBER o Lyft, demostrar su fórmula de calcular las distancias de sus viajes y los cargos que hacen.
A solo horas de que el juez del condado Leon, George Raynolds emitió la orden, dándole al Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor 20 días para demostrar porque no se debe conceder la solicitud a las empresas de taxi, otra demanda fue presentada, acusando a las empresas UBER y Lyft de estar funcionando sin seguro adecuado en la Florida, las empresas de taxi alegan que el Departamento de Seguridad en las Carreteras de la Florida permite que conductores de los servicios de transporte competidores de los taxis operen sin el tipo de seguro requerido por la ley para distribuir pasajeros en una feroz guerra con la industria de los taxis.
Los tipos de seguro que UBER provee para sus conductores no cumplen con los requisitos para los vehículos de alquiler de pasajeros, alega la segunda demanda.
El tema del seguro ha sido una importante fuente de contención en la interminable batalla en la Florida entre los taxis y las empresas de servicio compartidos basados en una aplicación como UBER.
“La ley de la Florida requiere que los vehículos de alquiler este cubiertos con un seguro comercial en todo momento”, escribieron en la demanda los abogados Steven y Ryan Andrews.
Los choferes de UBER y Lyft están actuando completamente ilegal, ya que normalmente están cubiertos por la mínima cobertura de seguro “no-fault” para conducir y que no son comerciales y solo el seguro de la compañía James River Insurance Company de UBER les cubre en el momento que están atado al sistema de esa empresa, “algo no previsto por la ley estatal”, se alega en la demanda.
