MIAMI 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, nhr.com—Legisladores republicanos de Florida presentaron ayer en el Senado y la Cámara de Representantes estatal dos proyectos de ley encaminados a combatir la inmigración indocumentada, especialmente las llamadas “ciudades santuario”.
El senador Aaron Bean sometió el proyecto de ley SB-872, que establece demandas civiles y multas de hasta 5.000 dólares diarios a los gobiernos locales que se sumaron a las “ciudades santuario”.
En los últimos cuatro años más de 320 jurisdicciones del país aprobaron leyes que impiden a la policía participar en actividades de inmigración que son voluntarias.
La SB-872 se suma a la HB-675, presentada por el representante Larry Metz, diseñada para obligar a las ciudades que se niegan a cooperar con las autoridades federales de inmigración a facilitarles la deportación de indocumentados.
“Estas políticas públicas de “gran hermano” le atan las manos a los gobiernos locales, a expensas de los contribuyentes, para perseguir a sus propios residentes”, aseguró hoy María Rodríguez, directora de la Coalición de Inmigrantes de Florida.
La HB-675 obligaría a los condados y ciudades a hacer cumplir las leyes federales de inmigración, aunque sin darles fondos para hacerlo, cuestionó esta coalición en un comunicado.
En Florida, varios condados, incluyendo el de Miami-Dade, se sumaron a las “ciudades santuario” para fomentar la confianza entre los indocumentados y las autoridades policiales, entre otros motivos.
El condado de Miami-Dade encontró que el costo de colaborar con inmigración superaba un millón de dólares en 2011, los cuales no eran reembolsados por el Gobierno federal, aseguró la coalición.
Rodríguez lamentó que se trata de iniciativas “radicales” que separan a los padres de sus hijos y obligan a todas las entidades del estado a entregar a las autoridades a familias que carecen de estatus migratorio “como si fueran criminales”.
Por otro lado, otra medida, la HB-9, del representante Carlos Trujillo, prohibiría la presencia en Florida de personas sujetas a órdenes finales de deportación, a menos que dichas órdenes hayan quedado a la espera de revisión judicial.
