MIAMI 14 DE ENERO DE 2016, nhr.com—Los tres diputados opositores que juraron su cargo en el Parlamento de Venezuela, pese a que una medida judicial los había suspendido, oficializaron este miércoles ante la Cámara la separación de su puestos, una acción que responde, según la directiva opositora, a una “emboscada” del Gobierno.
La Presidencia de la Asamblea Nacional puso así punto final a la crisis institucional que se generó tras juramentar a los opositores Nirma Guarulla, Romel Guzamana y Julio Ygarza, que llevó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a declarar en “desacato” al Legislativo y ordenar la nulidad de todos sus actos.
De esta manera y mientras el TSJ decide sobre la impugnación chavista de la elección de los cuatro legisladores del estado Amazonas, tres opositores y un chavista, la mayoría que detenta la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en la AN se reduce de 112 a 109 legisladores.
“Se acata o se cumple, o se observa, palabras sinónimas. No tenemos ningún problema con decirlo si eso satisface o contribuye a que ustedes asistan a la cámara a cumplir con sus deberes constitucionales”, dijo el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup.
A través de una misiva, los opositores suspendidos pidieron que “en acatamiento de la sentencia que ellos criticaban e iban a recurrir, que se acatara para que la Cámara siguiera funcionando”, dijo el jefe de la Cámara.
Ramos Allup consideró la solicitud de los diputados como “una actitud muy cívica, muy institucional y muy responsable”, hecha por la terna opositora del estado Amazonas “ante la perspectiva de que la AN quedará trabada, inutilizada a consecuencia de una sentencia verdaderamente indescriptible”.
“Se trata de una emboscada burocrática del Ejecutivo y sus tribunales de justicia para liquidar a la Asamblea Nacional electa directamente por la voluntad popular”, dijo en una entrevista con el canal privado Globovisión tras la sesión ordinaria de la Cámara.
Añadió que “a veces son necesarias treguas, porque a veces hay que sacrificar partes para salvar el todo”.
La bancada chavista del Parlamento celebró la decisión de la directiva de la AN, a quienes, dijo, “obligaron” a “hacer lo que legalmente correspondía y que el país esperaba”.
“Hemos aplaudido esa actitud que vuelve a poner a esta Asamblea Nacional en el marco de la legalidad, de la constitucionalidad”, dijo a periodistas el jefe de la bancada chavista, el diputado Héctor Rodríguez.
Tras esta acción, la oposición dio rienda suelta a las primeras acciones parlamentarias y definió a los 15 diputados encargados de las comisiones permanentes de trabajo, todos miembros de la alianza opositora MUD.
El diputado del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Diosdado Cabello aseguró que el chavismo no ocupa ninguno de estos cargos en las comisiones porque “no tiene ningún sentido” al ser minoría dentro del Parlamento.
PRESENTAN PRIMERAS LEYES
El jefe de la bancada opositora, Julio Borges, presentó al pleno un proyecto de ley que otorgaría la propiedad de las viviendas entregadas por el Estado venezolano a través del programa social Gran Misión Vivienda, una norma que figuró como una de las principales promesas de la oposición durante la campaña.
Además, la mayoría opositora de la AN acordó la conformación de una comisión de legisladores que investigue la situación de la frontera venezolana cerrada desde mediados de 2015 por orden del presidente de ese país, Nicolás Maduro.
La bancada de la MUD conformó una comisión especial para verificar la situación de la veintena de municipios fronterizos donde se ordenó el cierre de la frontera con Colombia y que se mantuvo bajo estado de excepción por 120 días.
Maduro ordenó el cierre del principal paso hacia Colombia desde las ciudades de San Antonio y Ureña, en Táchira, decisión que fundamentó en el combate al contrabando y a la violencia paramilitar que afecta a la frontera.
Posteriormente, extendió el cierre de los pasos hacia Colombia por los estados Zulia, Apure y Amazonas y dijo que este se levantará cuando ambas naciones acuerden una nueva política fronteriza que acabe con los delitos en los 2.219 kilómetros de la línea limítrofe.
Aunque algunos periodos del decreto de excepción vencieron en los últimos días, y los que restan están por concluir, la medida que prohíbe el libre tránsito entre ambos países aún no ha sido levantada.
