MIAMI 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, nhr.com—Después de que floridanos aprobaron una enmienda constitucional en la elección del pasado 6 de noviembre, un Tribunal Federal de Apelaciones está cuestionando si necesita revisar un caso de alto perfil acerca de cómo el gobernador Rick Scott y el gabinete del estado han manejado las solicitudes para restablecer los derechos de voto de los delincuentes.
El 11º Tribunal de Apelaciones del Circuito celebró una audiencia en julio en una batalla legal de larga duración sobre si el proceso de restauración de derechos del Estado ha violado la Constitución federal. Pero el Tribunal de Apelaciones con sede en Atlanta no ha dictaminado en el caso, que fue presentado en nombre de varios delincuentes que han cumplido sus condenas pero no han podido votar.
Sin embargo, en la elección del 6 de noviembre, los floridanos aprobaron una enmienda a la Constitución del estado que requiere que el estado restablezca los derechos de voto a la mayoría de los delincuentes que han completado los términos de sus condenas, incluyendo la libertad condicional. Las únicas excepciones a la restauración automática son para delincuentes convictos de homicidio u ofensas sexuales.
Después de la aprobación de la enmienda, el 11º Tribunal de Apelaciones del circuito de los Estados Unidos emitió la semana pasada una nota que dirigía a los abogados para que los demandantes y el estado presentaran argumentos sobre si la demanda federal ahora es discutible. El memo fue emitido el 20 de noviembre y le dio a los abogados 15 días para responder.
El memorándum pidió que los abogados respondieran si “cualquiera de los demandantes en este caso, como resultado de sus convicciones anteriores de delito grave, seguirán siendo descalificado de poder votar después de la enmienda recientemente adoptada. Asimismo, solicitó que provean argumentos sobre si este caso es discutible en virtud de la ley actual, si los demandantes no están descalificados de votar después de que la enmienda tenga efecto.
Esta primavera el juez del Distrito Mark Walker, encontró que el proceso era arbitrario y violaba la Constitución Federal. Walker ordenó a la Junta de clemencia del estado — formada por Scott y el gabinete — que propongan un conjunto de “criterios específicos y neutrales” sobre los cuales basar sus decisiones.
Pero un panel de tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones en abril bloqueó una orden de Walker que habría requerido que los funcionarios del estado reacondicionaran rápidamente el proceso de restablecimiento de los derechos de los delincuentes en Florida. Ese grupo decidió 2-1 que el “precedente vinculante” le da al gobernador “una amplia discreción para conceder y denegar la clemencia, incluso cuando el régimen aplicable carece de normas”.
La decisión de abril, sin embargo, no terminó el recurso del estado de la decisión de Walker de que el proceso de la restauración era inconstitucional, incitando la audiencia de julio antes de un panel separado del tres-juez de la corte.
