MIAMI 25 DE ENERO DE 2019,– La oficina de la Fiscalía de Miami Dade anunció en las últimas horas los arrestos de Roxanne Insignares, Antonio BOUZAN y Marta Avalos.
Estos arrestos llegaron después de una investigación donde colaboraron el grupo de trabajo contra la corrupción pública de la oficina de la fiscal Katherine Fernández Rundle de Miami-Dade y la oficina de escuelas públicas del Condado y del Inspector General.
La investigación encontró que Insignares, Bouzan y Avalos estaban vendiendo certificados de GED (equivalentes al High School) por $3000 para las personas que no hayan aprobado ese examen.
Insignares trabajaba Presidente Lakes Educational Center y Technical College donde se hacían los exámenes y donde Bouzon fue empleado anteriormente como examinador de GED. Actualmente trabajaba como Secretario y Tesorero en la escuela primaria Orchard Villa.
Avalos era quien traía a los clientes.
Insignares ha estado con el distrito de MDCPS desde 1991, mientras que Bouzon había estado con el distrito desde 1987.
“La supuesta mediación y venta de certificados de GED por un grupo de criminales organizado, dos de los cuales eran empleados del Sistema Escolar de Miami Dade, es una flagrante traición a la confianza”, dijo la fiscal del estado Katherine Fernández Rundle en un comunicado, añadiendo que “los encargados de asegurar que se cumplan los estándares educativos para otorgar los certificados de GED se encargan de asegurarse de que aquellos que reciben certificados hayan superado el examen requerido de la Fundación educativa, engañar al sistema y poner dinero en sus bolsillos ilegalmente mientras realiza sus deberes oficiales no sólo es ilegal, sino que tiene el potencial de poner en riesgo a toda nuestra comunidad”, concluye Katty.
Las escuelas públicas del Condado de Miami-Dade también publicaron una declaración, que amenazaba la acción legal.
“Las escuelas públicas del Condado de Miami-Dade toman seriamente estas acusaciones de fraude y mala conducta profesional.
El distrito escolar tomará todas y cada una de las acciones legales contra las personas que buscan comprometer el valor de una educación legítima y beneficiarse de la actividad fraudulenta.
El trabajo de las agencias investigadoras involucradas en este caso ha sido notable, y, como distrito escolar, hemos iniciado la acción necesaria para terminar el empleo de estos individuos”, dice la nota.
De acuerdo con la fiscalía, Insignares falsificó los registros y presentó información fraudulenta al Departamento de educación, así como a Miami Dade County Public Schools.
Los investigadores dicen que Insignares usó su tarjeta de débito personal para pagar las cuotas de inscripción para cinco personas que compraron sus certificados. Los registros adicionales mostraron que 21 GED eran fraudulentos.
La investigación identificó a Bouzan y Avalos como “corredores de pruebas” que negociaban la cantidad por cada GED, después de Insignares obtendría el certificado.
La estafa al estado duró cuatro años entre 2012 y 2016 y fue descubierta durante una investigación no relacionada por el grupo de trabajo de corrupción pública.
Los tres se enfrentan a múltiples cargos por delitos graves, incluyendo crear un plan organizado para estafar, un delito grave de segundo grado, y, un delito grave de tercer grado.
