MIAMI 19 DE AGOSTO DE 2019, — Cinco jueces del sur de Florida enfrentan cargos de ética por supuestamente usar su privilegio judicial para favorecer a una empresa durante un proceso de licitación competitivo para el Departamento de Niños y Familias de Florida.
Los jueces de Miami-Dade Marcia Caballero, Rosa Fígarola, Teresa Pooler, Mavel Ruiz y la ahora jubilada jueza Cindy Lederman son acusados en un nuevo caso de ética judicial ante la Corte Suprema de Florida.
La Comisión de Calificaciones Judiciales de Florida abrió la investigación contra los jueces por supuestamente priorizar al contratista Our Kids of Miami-Dade & Monroe Inc. en un proceso de licitación competitivo para adquirir servicios de venta para el Departamento de Florida de Niños y Familias entre 2019 y 2024.
Una carta incluida como una exposición con los cargos formales de la Comisión de Calificaciones Judiciales (JQC), muestra a los jueces abogando a la agencia Our Kids (Nuestros Hijos), en una comunicación con Rebecca Kapusta y Brownyn Stanford, la respectiva directora interina del DCF y directora general de la región sur.
La correspondencia, firmada por los cinco jueces, se opone a la privatización del sistema de bienestar infantil de Florida y solicita que el DCF conserve los servicios de la agencia Our Kids of Miami-Dade. Our Kids es una organización sin fines de lucro que ha servido como la agencia principal en la atención comunitaria del Departamento de Niños y Familias (DCF) en el sur de la Florida durante varios años.
“La junta de Our Kids es responsable ante la comunidad”, dijo la carta, describiendo al grupo como “los expertos de nuestra comunidad en política y práctica de bienestar infantil”.
La carta concluyó con los jueces aseguran su fe completa “sólo en el modelo de liderazgo de Our Kids”. Y los jueces hacen una recomendación, “cuando selecciones la agencia, por favor mantén nuestras recomendaciones en tu mente”, dijo la nota.
El contrato de proveedor del DCF es por $500 millones, según documentos judiciales.
La carta también fue firmada por la jueza jubilada del circuito de Miami-Dade, María Sampedro-Iglesia y el magistrado general Steven Lieberman, quien sirve en el Tribunal Unificado de Niños de Miami-Dade.
La Comisión de Calificaciones Judiciales dijo que Sampedro-Iglesia no estaba sujeto a la investigación, y no pudo abordar la participación de Lieberman en la carta, ya que los magistrados no están dentro de la autoridad de ejecución de la commission.
La jueza principal del circuito de Palm Beach, Krista Marx, que preside la Comisión de Calificaciones Judiciales de Florida, recomendó una reprimenda pública por publicación, pero la Corte Suprema de Florida tiene la última palabra de disciplina judicial.
El panel de investigación tomó nota de que los jueces “aceptaron la plena responsabilidad de sus acciones, y admitieron que la carta era inapropiada.
La portavoz del Tribunal del Circuito de Miami Dade, Eunice Sigler, declinó hablar sobre las conclusiones de la Comisión de Calificaciones Judicial. Sigler dijo: “Dado que este asunto todavía está pendiente ante la Corte Suprema de Florida, no sería apropiado hacer comentarios en este momento”.
