MIAMI 8 DE ABRIL 2025, NHR.COM—La administración de Donald Trump obtuvo un triunfo anoche después que la Corte Suprema apoyo la deportación de los criminales del Tren de Aragua.
Ayer lunes, la Corte Suprema autorizó al presidente Donald Trump a aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros por ahora, lo que le otorga a la Casa Blanca una victoria significativa que permitirá a los funcionarios de inmigración contar con una amplia autoridad en tiempos de guerra para deportar rápidamente a presuntos pandilleros.
La decisión no firmada en el caso permite a Trump invocar la ley de 1798 para acelerar las deportaciones mientras el litigio sobre su uso se resuelve en tribunales inferiores.
La corte enfatizó que las personas deportadas en adelante deben recibir una notificación de que están sujetas a la ley y la oportunidad de que se revise su deportación. Los tres jueces liberales de la corte discreparon de la decisión, y la jueza Amy Coney Barrett, miembro del ala conservadora de la corte, discrepó parcialmente.
Trump presentó su apelación de emergencia como una disputa sobre el poder judicial y, específicamente, la orden del juez federal de distrito James Boasberg, que impidió temporalmente que el presidente aplicara la Ley de Enemigos Extranjeros contra cinco venezolanos que presentaron una demanda y un grupo más amplio de personas que podrían verse afectadas; es decir, cualquier otra persona.
Al acceder a la solicitud del presidente, la Corte Suprema anuló las órdenes de Boasberg.
Críticamente, el tribunal dejó claro en su orden sin firmar que los funcionarios deben notificar con suficiente antelación a los migrantes sujetos a la proclamación de la Ley de Enemigos Extranjeros de Trump que están siendo deportados en virtud de la autoridad en tiempos de guerra, para que tengan tiempo de presentar demandas de hábeas corpus.
Una preocupación clave entre los abogados que representan a los migrantes ha sido que la prisa del gobierno por deportarlos bajo la ley les deja poco o ningún tiempo para presentar dichas demandas legales.
“La notificación debe darse en un plazo razonable y de tal manera que les permita solicitar efectivamente el hábeas corpus en la jurisdicción correspondiente antes de que se produzca dicha expulsión”, escribieron los jueces, y añadieron:
“Los detenidos sujetos a órdenes de expulsión en virtud de la AEA tienen derecho a ser notificados y a tener la oportunidad de impugnar su expulsión”.
