• La preocupación radica en si el dinero de los contribuyentes debe usarse para decisiones privadas

MIAMI, 18 DE OCTUBRE DE 2012, NHR.com–Las discusiones entre quienes apoyan o se oponen a la enmienda seis a la Constitución, dan la impresión de que los temas principales son si el dinero de los contribuyentes debe financiar abortos para empleados públicos y si las menores deben tener aprobación de los padres para un aborto.

La consulta se realizará el seis de noviembre y lo que está en juego es la prohibición de fondos del Estado para financiar abortos, algo que el estado no hace.

Además, anulará decisiones de jueces que dicen que los derechos de privacidad en la Constitución del Estado son mayores que los que fija la Constitución Nacional, posiblemente facilitando a los legisladores a que aprueben una norma que requiere que las menores deben obtener el consentimiento de sus padres. En estos momentos el aborto de las menores requiere notificación a los padres, no su consentimiento.

Pero la enmienda, impulsada por la mayoría republicana en la Legislatura, es una evidencia destacada de las grandes diferencias que hay entre liberales y conservadores. Al igual que todas las enmiendas necesita el 60 por ciento de los votos emitidos.

Algunos legisladores conservadores y quienes impulsar la enmienda están preocupados por la posibilidad de que la nueva ley de salud, auspiciada por el presidente Barack Obama, permita que se usen fondos del Estado para seguros que cubren el aborto. En estos momentos esos gastos están prohibidos por una ley federal excepto en casos de violación, incesto, o si la salud de la madre está en peligro.

Para los grupos conservadores es una prioridad que se requiera el consentimiento de los padres para el aborto de una menor.

Quienes se oponen Judith Selzer, gerente de la campaña ‘Vote No en el 6’, y vicepresidenta de los grupos afiliados a Paternidad Planeada (Planned Parenthood) de Florida, manifestó que “Dicen que se trata de fondos de los contribuyentes, esto se trata de los políticos interfieran con las decisiones de las mujeres sobre el cuidado de la salud”.

Agregó que si la enmienda es aprobada los más afectados serán los empleados públicos, maestras, enfermeras, policías, bomberos y otros ya que el Estado prohibirá que los seguros de salud privados paguen por abortos de empleados públicos.

El ex gobernador Jeb Bush apoya la enmienda y dijo que los floridanos “tienen la oportunidad de restaurar el consentimiento de los padres” cuando las menores buscan un aborto.