MIAMI 13 DE FEBRERO DE 2025, nhr.com—Dos legisladores de Miami Dade que han sido fervientes defensores de las deportaciones de ilegales criminales de la administración de Donald Trump contra la inmigración le están pidiendo al presidente que permita que los venezolanos residentes de Estados Unidos mantengan el TPS.
A principios del presente mes de febrero, la administración Trump revocó el estatus de protección temporal de unos 300,000 venezolanos que huyeron de la brutal represión contra la disidencia y lucharon por conseguir alimentos y medicinas bajo el presidente Nicolás Maduro.
La medida básicamente declaró que ahora es lo suficientemente seguro para que los refugiados regresen a Venezuela, aunque Maduro sigue en el poder.
Los representantes Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart han enviado dos cartas a la administración Trump, rogando por algunas garantías de que los venezolanos que anteriormente estaban protegidos no serán expulsados.
“Le insto a que tome una decisión que proporcione individualmente una solución a quienes contribuyen a nuestro país y respetan el estado de derecho”, escribió Giménez.
La carta de Díaz-Balart también pidió clemencia.
“Respetuosamente solicito, dentro de todas las normas y regulaciones aplicables, que evalúen todas las opciones disponibles para garantizar que los ciudadanos venezolanos sin antecedentes penales no sean devueltos por la fuerza a una de las dictaduras más represivas del mundo”, escribió.
A fines de enero, Giménez parecía confiado en que las duras políticas de inmigración de Trump no afectarían a su distrito. “La mayoría de mis electores están bien. Mis electores están aquí legalmente”, dijo.
Sobre las redadas los ilegales criminales de Trump, dijo: “Eso es lo que el presidente Trump propuso en su campaña, y está cumpliendo sus promesas”.
Hace un mes, Díaz-Balart parecía convencido cuando discutió la posibilidad de que la ofensiva migratoria de Trump pudiera afectar a las personas en su distrito, y le dijo que Trump se concentraría en los “miles y miles de criminales convictos” que migraron a los Estados Unidos y no en las personas que estén en los Estados Unidos sin antecedentes penales.
