MIAMI 30 DE JUNIO DE 2022, nhr.com—La comunidad de desamparados de Miami que no tienen cabeza para someterse a una vida normal y vivir en un albergue como Camilus House u otros que hay en la ciudad, si tienen cabeza para demandar a la ciudad de Miami porque según ellos, los están desalojando y desapareciendo sus pertenencias.
El pasado 24 de junio una demanda fue presentada en la División de Miami del Distrito Sur en nombre de Latoyla Cooper-Levy y otros tres residentes de Miami desamparados en Miami por las firmas Legal Services of Greater Miami, Southern Legal Counsel, con sede en Gainesville, y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida y su capítulo del Gran Miami.
La demanda desafía la práctica en curso de la Ciudad de Miami de destruir la propiedad personal de las personas sin vivienda en violación de sus derechos constitucionales, específicamente, el derecho a no ser objeto de incautaciones irrazonables y el derecho al debido proceso.
De acuerdo con un funcionario de Servicios Legales, “estas son personas que ya están viviendo al límite, y se debía encontrar formas de tratar de ayudarlos a ingresar a la vivienda, en lugar de hacerlo más difícil”.
Pero, ¿qué pasa si ellos se niegan?
Durante décadas, las personas sin hogar estuvieron protegidas por el histórico Acuerdo Pottinger de 1998, que tenía como objetivo prevenir la criminalización de las personas sin hogar en Miami y se derivaba de una demanda de la ACLU de 1988 que buscaba evitar que la policía arrestara a personas sin hogar por cargos de merodeo. Un tribunal federal de apelaciones rescindió el decreto de consentimiento en febrero de 2019.
Ahora la demanda presentada entre otros por la notoria Unión de Libertades Civiles ACLU a nombre de Latoyla Cooper-Levy, Phillip Sylverin, Sherman Rivers, and Joseph Simmons dice que la ciudad da a las personas sin hogar solo unos minutos para mover sus pertenencias durante sus barridas de los campamentos y, si no cumplen o no están presentes, retira y destruye rápidamente sus propiedades, muchos supuestamente pierden documentos emitidos por el gobierno y posesiones personales irremplazables, así como medicamentos.
La demanda exige que la Ciudad de Miami de una compensación monetaria a los demandantes y Además de esa compensación monetaria, la demanda busca una orden judicial contra cualquier futura confiscación y destrucción de la propiedad de una persona por parte de la ciudad “sin una justificación legal, un aviso adecuado, una oportunidad razonable de ser escuchado y protecciones del debido proceso”.
La queja cita lo que se refiere como el “plan agresivo” en curso de la ciudad para despejar los campamentos de personas sin hogar. En octubre de 2021, la ciudad aprobó una controvertida prohibición de los campamentos de personas sin hogar en lugares públicos, que además de perjudicar a los negocios de esas zonas, en muchas ocasiones molestan a los transeúntes que acuden a realizar sus compras o simplemente pasean por el área.
Existen algunos estados que han creado campamentos en las áreas rurales para que los desamparados vivan allí y trabajen en las labores del campo y aprendan a desenvolverse en una vida normal, pero la mayoría no les gusta esa vida, quieren seguir viviendo en las calles.
Creemos que si la ciudad concentra a los desamparados en zonas donde residen los funcionarios de estas firmas demandantes, estos serian los primeros en protestar por esa decisión.
Estaremos buscando la reacción de los comisionados y administración de la ciudad de Miami, para conocer sus reacciones sobre la demanda y como resolver el problema de los desamparados.
