MIAMI NOVIEMBRE 23 DE 2021, nhr.com—Los graves problemas que están ocasionando a comunidades del sur de México los migrantes indocumentados que han cruzado la frontera con Guatemala tienen a las autoridades mejicanas en “alerta alta”, según nos informaciones que nos llegan desde el estado de Chiapa.
El domingo las autoridades procedieron a clausurar un bar haitiano que migrantes de esa nacionalidad abrieron sin permisos y sin ningún tipo de licencia necesarias para la operación de un negocio de expendio de bebidas alcohólicas.
En tanto, las autoridades locales de Tapachula decidieron atender otro de los reclamos de la población y del comercio legalmente establecido, relacionado a que los migrantes se han apoderado de las aceras, calles, parques y otros espacios públicos, para la venta informal de mercancías de dudosa calidad y procedencia.
Y estas personas son las que Biden y su administración quieren que vengan Estados Unidos a crearnos estos mismos problemas.
Apenas hace un mes, las mismas autoridades habían realizado un operativo para reubicar a los migrantes con venta informal hacia el mercado “Los Laureles”, al oriente de la ciudad, pero más tardaron en llevarlos que ellos en regresarse al centro de la localidad.
Días después, un grupo de indocumentados agredió a golpes y patadas a un grupo de elementos de Servicios Públicos en el parque Bicentenario, ya que de nuevo los quisieron reubicar.
Ahora, por tercera ocasión, la Secretaría de Servicios Públicos inició una campaña de notificación a comerciantes ambulantes extranjeros, para que eviten instalarse en el centro de la ciudad y vayan al espacio que se acondicionó en el mercado Los Laureles.
Según el titular de la dependencia, José Arturo Rojas Cárdenas, la finalidad es evitar los problemas que se presentan como la obstrucción de las calles y aceras e ingresos a comercios establecidos. Para el cumplimiento de esos reglamentos, dijo, se ha venido entregando notificaciones en varios idiomas a los vendedores migrantes, aunque muchos recibían el documento y de inmediato lo tiraban a la basura, delante de la vista de los funcionarios.
Ahí se le advierte que en el centro de la ciudad se encuentra prohibida la venta de manera ambulante, y por lo mismo podrían ser objeto del decomiso de la mercancía que ofrecen.
Fuera de los reclamos que ha habido en los últimos tres años en contra de unos cien mil migrantes que, de acuerdo a diversos organismos defensores de los derechos humanos deambulan en la ciudad, grupos de esos extranjeros se han apoderado del control de otras actividades ilícitas.
Por ejemplo, la prostitución clandestina y pública sin control sanitario en el centro de la ciudad en la que, según la versión de la organización “Brigadas Callejeras”, se ha incrementado de manera alarmante y en la que ya participan haitianas, cubanas y centroamericanas, además de hombres y personas trans.
El problema es que, en ese mismo parámetro, también han aumentado entre todas ellas y ellos enfermedades virales, como la Sífilis, el VIH y el mismo Covid-19.
También se han ido posicionando de los espacios laborales en los antros de vicio y tugurios, tanto como meseras, ayudantes, cocineras, entre otros, incluso para el ejercicio de la prostitución.
Mientras que, de acuerdo al informe de la secretaria de Seguridad más reciente, alrededor de un 35 por ciento de los delitos comunes en Tapachula son cometidos por indocumentados.
En base a las tarjetas de las dependencias en materia de seguridad en la entidad, muchos de los extranjeros que se han detenido, se les detectó que tenían orden de localización y aprehensión en sus países de origen, por delitos como extorsión, homicidio, asalto armado, ataques sexuales, narcotráfico, terrorismo, robo, lesiones, entre otros, dándole la razón al presidente Donald Trump, quien advirtió en su discurso de postulación sobre lo que nos entraba por México era todo esto.
Por eso la exigencia de las cámaras, colegios, organizaciones sociales y representantes de sectores productivos que las autoridades de los tres niveles de gobierno retomen los operativos para deportar a todos aquellos que estén en territorio nacional sin poder acreditar su legal estancia, tal y como lo establece la ley, para evitar con ello la impunidad.
FUENTE: EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello
