• El presidente venezolano lleva la ‘guerra económica’ contra los especuladores al extreme

DESDE CARACAS: MIAMI 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, nhr.com—La barriada de Boleíta en Venezuela es conocida la cantidad de guapetones, de talleres y edificios poco agraciados en el este de Caracas que, desde el pasado viernes, se convirtió en la zona cero de la “guerra económica” que dice librar el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro. El mandatario dio la luz verde para iniciar la operación con que busca abatir la inflación manu militari. El primer objetivo de esa “ofensiva económica” fue los establecimientos-almacenes Daka, una cadena de tiendas de electrodomésticos con cinco locales en todo el país, uno de ellos en la barriada de Boleíta.

Su mercancía fue confiscada y puesta de inmediato a la venta con descuentos del 50 al 70% con respecto a su precio original de venta al público.

Al lunes siguiente se repitió la maniobra de toma en todas las tiendas de artefactos para el hogar que se suceden a la vera de la avenida principal de Boleíta, que discurre de sur a norte. Concluida la ocupación de uno de esos establecimientos, el general del Ejército Herbert García Plaza, jefe del recién creado Órgano Superior para la Economía Popular, pronunció una arenga de victoria que se vio por televisión. En ella, recordó que él también había sido un muchacho pobre, con ilusiones frustradas que consiguió encauzar en la carrera militar. Esas vivencias le acreditaban, aseguró, para apoyar las medidas de “inspección” de los comercios ordenadas por Maduro. “Tenemos que garantizar que todo el pueblo venezolano tenga un televisor de plasma”, afirmó el presidente.

Cuando el primer mandatario venezolano ordenó en vivo la subasta de los inventarios de Daka y de otras tiendas, nadie sabía bien qué venía a continuación. La primera reacción vino de compradores enfervorizados que se reunieron por centenares esa misma noche frente a las tiendas. Su cometido: aprovechar unas gangas de navidad que tal vez jamás se repetirían. A veces lo hicieron con ánimo de pillaje. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, una organización no gubernamental, reportó nueve episodios de saqueo y 30 conatos entre el 9 y el 13 de noviembre.

En localidades del interior como Upata, Los Teques, Puerto La Cruz y Ciudad Ojeda, se registraron graves alteraciones del orden público. A veces la multitud supo gestionarse a sí misma. En esos casos sus líderes, espontáneos o no, consiguieron chantajear mediante la simple amenaza a los encargados de las tiendas, que quedaron abiertas para que quien pudiese entrara a saco. Otros confeccionaron listas de compras y escribieron sobre la piel números que indicaban el orden de llegada a la rebatiña. En la mayoría de los casos, sin embargo, las aglomeraciones se avinieron a los esquemas de “ventas controladas” .

Desde su puesto de mando Maduro ordenó detener a los propietarios de una tienda en Boleíta a pesar de que ya habían convenido en rebajar los precios. En cadena nacional, el mandatario también relató cómo se vio obligado a enviar a agentes de la policía política a apresar al gerente de otra tienda, JVG, “que se puso cómico” —se mostró inconforme o rebelde, en el castellano de Venezuela.

El propietario de tiendas que ahora no está arruinado o en prisión, se refugia en la clandestinidad o el exilio, lo que despierta serias dudas acerca de cómo se repondrá el inventario de electrodomésticos una vez finalizado el reparto popular. Mientras, el Gobierno ya ha extendido su ofensiva a otros frentes para ocupar mayoristas y detalles de calzado, ferretería, repuestos para automóviles y juguetes, entre otras categorías de productos.