MIAMI 1 DE FEBRERO DE 2024, nhr.com— El juez que supervisa el juicio por fraude civil de Donald Trump podría decidir tan pronto como mañana sobre el tamaño y la magnitud de la pena contra el expresidente. Una sentencia que se espera sin que ni siquiera haberse dado un veredicto del caso.
El juez Arthur Engoron ha indicado anteriormente que espera tomar una decisión sobre cómo deben ser castigados el expresidente y su empresa inmobiliaria, The Trump Organization, por las acusaciones de fraude presentadas por la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
Trump está acusado de presentar durante años estados financieros fraudulentos, que inflaron el valor de sus propiedades y activos para obtener prebendas como mejores préstamos o exenciones fiscales.
El presidente ha negado durante mucho tiempo haber actuado mal y afirma que el caso en su contra es una “caza de brujas” por motivos políticos.
La realidad es que no existen acusadores, víctimas ni pruebas contra el presidente y sus empresas, solo alegaciones y caprichos de una fiscal que desde un principio juró ir detrás de Donald Trump.
Antes del inicio del juicio civil en Nueva York, Engoron dictaminó que Trump había cometido fraude en sus estados financieros y que el procedimiento tenía como objetivo principal determinar el monto de la multa, así como otras seis acusaciones, incluidas conspiración y falsificación de registros comerciales y fraude de seguros que aparecen en la demanda de James.
Ya fue en septiembre de 2022, James presentó su demanda contra Trump y su empresa tras una larga investigación, solicitando sanciones financieras por 250 millones de dólares. A principios de enero, la oficina de James argumentó que el presidente, su coacusado y la compañía deberían pagar 370 millones de dólares en multas por acusaciones de que los estados financieros de Trump sobrevaluaron su patrimonio neto en miles de millones de dólares a lo largo de los años.
Además, James busca que se le prohíba a Trump operar cualquier negocio en el estado de Nueva York. Trump también corre el riesgo de que le quiten sus propiedades de su control. El estado también está presionando para que a Trump y a los otros acusados, entre los que se incluyen sus hijos Eric y Donald Trump Jr., se les prohíba solicitar préstamos en Nueva York durante cinco años y que las entidades de la Organización Trump, que componen la empresa, Se le prohibirá realizar adquisiciones de bienes raíces comerciales en Nueva York durante cinco años.
Engoron ordenó anteriormente que se cancelaran los certificados comerciales de Trump después de dictaminar que era responsable de fraude por declarar erróneamente el valor de sus propiedades y activos, incluido su resort Mar-a-Lago y su apartamento triplex en la Torre Trump de Manhattan.
La sentencia sobre certificados comerciales se encuentra actualmente en suspenso pendiente de apelación.
También se espera que Trump apele cualquier decisión adicional de Engoron en el caso de fraude.
