MIAMI 6 DE DICIEMBRE DE 2022, nhr.com—El controversial ex congresista David Rivera finalmente fue acusado por una investigación sobre su contrato de $ 50 millones con el gobierno comunista de Venezuela, dijo un portavoz de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Miami en un comunicado.
Según fuentes de esa oficina en Miami, el ex legislador fue arrestado oficialmente en relación con la investigación criminal federal en curso mientras estaba en el aeropuerto de Atlanta. La acusación fue dictada por el gran jurado el mes pasado, David pagó la fianza el lunes por la tarde después de ser procesado.
La acusación de ocho cargos alega que fue parte de una conspiración para cabildear en nombre de Venezuela para mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, resolver una disputa legal de una compañía petrolera y poner fin a las sanciones económicas de Estados Unidos contra la nación sudamericana, sin registrarse como agente extranjero.
La acusación cita reuniones en Washington, Nueva York y otros lugares que Rivera describe como estableciendo con senadores, congresistas y funcionarios de la Casa Blanca, ninguno de los cuales es nombrado.
La acusación contra Rivera llega en momentos en que el hijo de Joe Biden, Hunter se encuentra siendo investigado por los mismos cargos más el de violación de impuestos, el propio Joe Biden esta involucrado en el caso por alegarse que recibía un 10 por ciento de los negocios que Hunter hiciera.
“Interamerican Consulting de Rivera fue demandada en 2020 por PDV USA, una filial con sede en Delaware de Citgo, de propiedad venezolana, alegando que el ex congresista no realizó ningún trabajo como parte del contrato que firmó en 2017 por tres meses de “consultoría estratégica” destinada a construir puentes con las principales partes interesadas de Estados Unidos”, han dicho fuentes familiarizadas con el caso.
Rivera ha dicho que es inocente en el pasado y tiene su propia demanda alegando que PDV USA violó su contrato y no le pagó $ 30 millones que se le debían.
La acusación alega que en julio de 2017, Rivera escribió en mensajes de texto a un senador estadounidense no identificado que decía, “Recuerde, Estados Unidos debe facilitar, no solo apoyar, una solución negociada”.
La presión ha estado aumentando sobre Rivera durante más de dos años después de que se supo que recibió el contrato masivo de una filial estadounidense de la compañía petrolera estatal de Venezuela mientras el presidente Nicolás Maduro intentaba ganarse el favor de la Casa Blanca en los primeros días de la administración Trump, algo que nunca sucedió.
Actualmente el gobierno de Biden ha estado negociando con Maduro para comprar millones de tanques de petróleo.
Alguaciles federales dijeron que Rivera salió de la cárcel el lunes por la tarde después de hacer una aparición inicial en una corte federal de Atlanta.
Rivera fue contratado, después que el gobierno de Maduro buscaba cortejar a la administración de Donald Trump, donando $ 500,000 a su comité inaugural a través de Citgo.
Sin embargo la ofensiva fracasó, ya que Trump en 2019 reconoció al opositor Juan Guaidó como el líder legítimo de Venezuela e impuso duras sanciones petroleras a la nación de la OPEP en un intento por derrocar a Maduro.
Los registros que surgieron como parte de la demanda en curso muestran que el trabajo de consultoría de Rivera fue coordinado estrechamente con Raúl Gorrín, un informante venezolano y magnate de los medios que ha sido sancionado y acusado en los Estados Unidos por cargos de lavado de dinero.
La correspondencia presentada como parte de la demanda muestra a Rivera y Gorrín discutiendo la compra de “boletos para conciertos”, clave que según los federales se usa para disfrazar un soborno.
Algunos de los $ 15 millones en pagos que Rivera recibió como parte del contrato fueron transferidos a dos de sus asociados y a una compañía de Miami, Interglobal Yacht Management, que PDV USA alega que se utilizó para pagar el mantenimiento de uno de los superyates de Gorrin.
