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MIAMI 30 DE MARZO DE 2023, nhr.com—Hoy conoceremos más sobre la conspiración que existe entre Joe Biden, su administración y los medios corruptos sobre la censura al pueblo americano.
Lo estados de Missouri y Louisiana han podido reunir documentos y declaraciones de funcionarios federales como parte del proceso de descubrimiento, incluida una declaración del Dr. Anthony Fauci, en la que lo interrogaron sobre la teoría de la fuga de laboratorio COVID, la eficacia de las máscaras, las vacunas y más.
Las compañías de redes sociales manipularon muchas publicaciones sobre el COVID-19 y de usuarios que advirtieron los peligros de recibir vacunas, no discutieron la teoría de la fuga del laboratorio chino y no reporto sobre la ineficacia de las mascarillas.
Desde entonces, el FBI y el Departamento de Energía han admitido que COVID-19 puede haberse originado a partir de una fuga de laboratorio chino, a pesar de la indignación durante la pandemia que descartó esa teoría como una conspiración.
Esos estados de Missouri y Louisiana también destituyeron a un agente del FBI sobre la historia de la computadora portátil de Hunter Biden, que reveló que el FBI “plantó deliberadamente información falsa sobre operaciones de ‘piratería y filtración’ antes de la historia de la computadora portátil de Hunter Biden para engañar a las plataformas de redes sociales para que censuren la historia de la computadora portátil de Hunter Biden”.
Medios de prensa, como Fox News y otros informaron por primera vez la existencia de algún tipo de investigación que involucraba a Hunter Biden en octubre de 2020, antes de las elecciones presidenciales de 2020. Se supo entonces que el FBI había mencionado la computadora portátil supuestamente perteneciente a Hunter Biden en el curso de una investigación de lavado de dinero existente.
Hunter Biden confirmó la investigación sobre sus “asuntos fiscales” en diciembre de 2020, después de que su padre fuera elegido presidente. La investigación está siendo dirigida por el fiscal federal de Delaware, David Weiss, que fue designado por Trump.
Mientras tanto, el fiscal general de Louisiana Jeff Landry, en su testimonio preparado para esta mañana a las 9, y obtenido y revisado por Fox News Digital, dirá que, a través de la demanda, han “descubierto una empresa de censura tan vasta que abarca más de una docena de instituciones gubernamentales importantes”.
Esas instituciones gubernamentales, según Landry, incluyen la Casa Blanca, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el FBI, la Agencia de Seguridad de Ciberseguridad e Infraestructura y los Institutos Nacionales de Salud.
“Públicamente, estos actores federales han justificado sus acciones en nombre de proteger al público contra la ‘desinformación’, cuando en realidad se hace para suprimir puntos de vista desfavorables”, dirá hoy Landry.
Los funcionarios del gobierno no pueden “eludir la Primera Enmienda induciendo, amenazando y, o conspirando con entidades privadas para suprimir el discurso protegido”, dirá Landry.
“Sorprendentemente, esto es exactamente lo que ha ocurrido a través de esta empresa de censura federal”, explicará.
Y otro que testificara esta mañana a las 9 sera John Sauer ex abogado general adjunto de Missouri y se espera que informe sobre que, la evidencia recopilada muestra que los funcionarios de la Casa Blanca “acosan a las plataformas de redes sociales en privado para censurar el discurso que contradice las narrativas preferidas de la Casa Blanca”; y los funcionarios federales “rutinariamente ‘marcan’ las publicaciones en las redes sociales de los estadounidenses comunes para la censura”.
Sauer le dirá al comité que la evidencia muestra que los funcionarios federales “orquestan elaborados complots para engañar a las plataformas para que estas censuren el discurso desfavorecido” y participan en reuniones con funcionarios de moderación de contenido de las principales plataformas de redes sociales para discutir la desinformación y la censura.
Sauer también testificará que los funcionarios federales han presionado “implacablemente” a las plataformas de redes sociales al “amenazarlas con consecuencias legales ruinosas si no aumentan la censura de oradores y puntos de vista desfavorecidos”.
