MIAMI 6 DE JULIO DE 2015, nhr.com—Unas semanas después de las elecciones generales del 4 de mayo de 2014 en el Programa de Ayuda Nacional (PAN) ordenaron desaparecer cualquier rastro que diera luces de posibles irregularidades en dicha institución.
Esto se dio principalmente en los contratos relacionados con las bolsas de comida otorgados a través de esta entidad, en ese momento manejada por Rafael Guardia Jaén.
Para ser más específicos, el hecho se registró en las bodegas de Rodman. El sitio era utilizado como centro de acopio y allí reposaban todas las cajas con las actas de entrega de las bolsas de comida.
Todo esto forma parte de las declaraciones que diera el exjefe de almacén del PAN, Edwin Serracín, ante la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, que está a cargo de Ruth Morcillo.
La Prensa informó este domingo que el informe de auditoría de la Contraloría General de la República relacionado con el proceso de compra y entrega de las bolsas de comida revela que tres empresarios –Roberto Carretero, Carlos Caneto Araúz y Juan Carlos Marciaga– obtuvieron más de $16 millones en órdenes para la compra de estas mercancías; es decir, casi la mitad del total de la lesión patrimonial causada al Estado en este proceso, calculada en $33.2 millones.
CAMBIO DE MEDIDA CAUTELAR
Por otra parte, el ex director del PAN, Rafael Guardia Jaén, ha solicitado a la Fiscalía Segunda Anticorrupción que le cambie la medida cautelar.
De esta forma, Guardia Jaén –quien está detenido en El Renacer– pide gozar de una “casa por cárcel”, argumentando problemas de salud y su colaboración con las investigaciones por posibles casos de corrupción.
Uno para todos y todos para uno. Esta parecía ser la consigna entre el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN)Rafael Guardia Jaén y los empresarios Roberto Carretero, Carlos Caneto Araúz y Juan Carlos Marciaga para distribuirse las ganancias de las compras de bolsas de comida a través de la citada entidad, adscrita a la Presidencia.
El informe de auditoría de la Contraloría General de la República relacionado con el proceso de compra y entrega de las bolsas de comida revela que estos tres empresarios obtuvieron más de $16 millones en órdenes para la compra de estas mercancías; es decir, casi la mitad del total de la lesión patrimonial causada al Estado en este proceso, calculada en $33.2 millones.
