MIAMI 29 DE FEBRERO DE 2024, nhr.com—Aparentemente la Comisión de Ética de Miami Dade esta buscando mas clarificación sobre cual ha sido las actividades de la empresa M.E.D. Expeditors, Inc. de asistencia para obtener permisos propiedad de la comisionada Melissa Castro, y si puede seguir haciendo negocios con personas que hacen negocios con Coral Gables.
En un borrador de opinión del 28 de septiembre pasado, la Comisión de Ética y Confianza Pública de Miami-Dade determinó que la comisionada Melissa Castro probablemente entraría en conflicto con el código de ética del condado si se beneficia financieramente (directa o indirectamente) de las tarifas cobradas a sus clientes por los servicios de permisos. realizada en Gables por su compañía, M.E.D. Expedidores.
Sin embargo ahora la Comisión de Ética y Confianza Pública (COE) de Miami-Dade ha vuelto a posponer la emisión de una opinión oficial sobre si la empresa de expedición de permisos de la comisionada de Coral Gables, Melissa Castro, puede seguir trabajando para clientes de la ciudad.
Después de una discusión de una hora, el panel descartó una decisión sobre la que han estado reflexionando desde abril pasado hasta el próximo mes, cuando sus miembros esperan escuchar a los expertos en el tema. Queda por ver si los correos electrónicos entre los empleados de Castro y Coral Gables que se presentaron al final de la reunión del COE del 14 de febrero son parte de la discusión del próximo mes.
Pero podrían plantear preguntas adicionales sobre su influencia en los asuntos de permisos en la ciudad y si el proceso de permisos está tan alejado de la influencia de los formuladores de políticas como ella y su abogado dicen que está.
El director ejecutivo del COE, José Arrojo, dijo en una opinión propuesta este mes que, como sugirió en un borrador de opinión el año pasado, Castro probablemente violaría el código de ética del condado al recibir pagos de clientes que buscan un beneficio en, permisos de construcción para proyectos privados.
Castro y su abogado, David Winker, insisten en que ni ella ni nadie de su negocio, MED Expeditors, busca nada de la ciudad.
Como tal, dijeron, ella no está en conflicto con las restricciones éticas del condado que prohíben a los funcionarios públicos recibir pagos, directa o indirectamente, de personas o entidades que buscan un beneficio del gobierno de la ciudad.
El abogado Winker sostuvo que si el propietario de una propiedad que MED representa cumple con los requisitos de la ciudad para un permiso, tiene derecho a uno y los servicios que brinda la empresa son ministeriales.
Los miembros del COE parecían poco dispuestos a estar de acuerdo con la posición de Castro y Winker de que su trabajo y negocio no requieren acciones discrecionales por parte del personal de la ciudad. El juez de circuito de Miami-Dade, David Tunis, uno de los cinco comisionados del COE, dijo que si bien la concesión de permisos podría, a primera vista, carecer de criterio o discreción, las decisiones sobre los detalles de los proyectos de construcción rara vez lo están.
El juez Tunis agregó que al COE no le corresponde únicamente interpretar la legalidad de las acciones de los funcionarios públicos, sino también es responsable de identificar y abordar las percepciones de incorrección. Arrojo estuvo de acuerdo.
Arrojo dijo que existe una pregunta legítima sobre si los funcionarios electos deben participar en alguna transacción con la ciudad a la que sirven, incluso si son ministeriales al pie de la letra de la ley.
Dijo que la opinión del Estado sobre el asunto, es “muy restrictiva” e incluye el “permiso” en una lista de ejemplos de beneficios gubernamentales que los funcionarios públicos no deben buscar con fines de lucro.
Arrojo recomendó que el COE debería solicitar la opinión de expertos en permisos, incluidos abogados de uso de la tierra de los sectores público y privado, para brindar más claridad.
En un mensaje electronico dirigido al subdirector de Servicios de Desarrollo de Coral Gables, Douglas Ramírez, el 31 de enero, la comisionada Castro se quejó de una “preocupación política” con el Departamento de Servicios de Desarrollo, que, según ella, “permite a corredores, expedidores, empresas y residentes ir detrás del mostrador”.
“Me gustaría solicitar, a través del gerente, el restablecimiento de una política en la que sólo se permite a los empleados de la ciudad detrás del mostrador”, escribió. Seis días después, le envió a Ramírez otro correo electrónico destacando un retraso de dos semanas en las revisiones de permisos eléctricos y sugirió que la ciudad debería mejorar sus procesos para evitar más problemas.
“Teniendo en cuenta posibles retrasos en la revisión, propongo que anticipemos estos desafíos y utilicemos los recursos disponibles de manera efectiva”, escribió.
“Ahora tenemos acceso a informes y datos que muestran los cronogramas de las revisiones de los planes”.
El entonces administrador municipal Peter Iglesias, a quien Castro y los comisionados Ariel Fernández y Kirk Meléndez votaron a favor de despedirlo el 13 de febrero, fue el destinatario de ambos correos electrónicos.
Según el abogado Kuehne, el primer correo electrónico, plantea preguntas sobre cómo operan realmente los expedidores en Coral Gables, ya que es evidente en el correo electrónico de la comisionada Castro que su trabajo no está exento de interacciones cara a cara a través de las cuales podrían influir en las decisiones. En el segundo correo, dijo, debería generar preocupaciones sobre la influencia de Castro sobre los procesos gubernamentales que impactan la industria de la que ella se beneficia.
