MIAMI 13 DE AGOSTO DE 2021, nhr.com— Organizaciones defensoras de personas migrantes expresaron hoy su indignación contra el “nuevo acuerdo migratorio” pactado entre los gobiernos de México y Estados Unidos, a través del cual las autoridades del país vecino del norte expulsan a centroamericanos y los llevan a municipios de la frontera sur de México.
Desde ahí, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y soldados de la Guardia Nacional trasladan a esas personas hacia Guatemala, abandonándolos en la localidad fronteriza más cercana.
Las organizaciones exigieron al gobierno mexicano que “aclare públicamente la operación de estas acciones y bajo qué acuerdos se ha determinado realizarlas”, e insistieron en su obligación de garantizar el derecho de las personas a solicitar asilo en México o en otro país.
De acuerdo con el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, el primer vuelo proveniente de McAllen, Texas, salió el pasado lunes 9 y llegó a Tapachula, Chiapas, con personas expulsadas bajo el Título 42, una de las medidas antiinmigrantes implementadas durante la administración de Donald Trump. A su llegada, las personas fueron trasladadas y soltadas en el municipio de Talismán, en Guatemala.
El Colectivo, que aglutina a decenas de reconocidas organizaciones defensoras de derechos humanos en la frontera sur, advirtió que más aviones provenientes de Estados Unidos y de otras regiones de México estarían llegando a ciudades del sureste mexicano con migrantes expulsados a bordo, quienes a su desembarque son llevados hasta el punto fronterizo de Guatemala más cercano, por agentes del INM y soldados de la Guardia Nacional.
Lo anterior, según el Colectivo, se observa “tras el anuncio de la administración de Joe Biden de acelerar las expulsiones por Título 42”, y recalcó que “desde la semana pasada medios como Reuters habían reportado el inicio de estos vuelos como parte de una estrategia para disuadir los cruces y evitar el aglomeramiento de personas en la frontera norte de México y los centros de detención en Estados Unidos”.
Durante la administración de Trump, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador –a través del canciller Marcelo Ebrard Casaubón– aceptó desplegar soldados de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala para impedir el paso a las personas que huyen de Centroamérica, como moneda de negociación ante las amenazas del magnate de imponer aranceles a los productos mexicanos.
El canciller Marcelo Ebrard también pactó la implementación de los Protocolos de Protección a Migrantes, mejor conocidos como el plan “Quédate en México”, a través del cual las autoridades estadunidenses expulsaron a México a decenas de miles de solicitantes de asilo centroamericanos para que esperaran de este lado de la frontera a que un tribunal de migración determinara su suerte.
