MIAMI 5 DE OCTUBRE DE 2021, nhr.com—después de los Papeles de Panamá, nos llegan Los Papeles de Pandora los que han establecido vínculos de actividad “offshore” con más del doble de políticos y funcionarios públicos que los Papeles de Panamá, un informe incriminatorio sobre la industria bancaria “offshore” publicado por el consorcio de periodismo hace cinco años. Ahora los Documentos de Pandora incluyen información sobre más de 330 políticos y funcionarios públicos de más de 90 países y territorios, incluidos 35 líderes nacionales actuales y anteriores.
El nombre Pandora proviene del mito griego sobre un frasco sellado que contiene los males del mundo y se basó en lo que sus autores describieron como 11,9 millones de registros filtrados de 14 empresas en la industria de servicios financieros “offshore”, que presentan cómo los ricos ocultan sus activos. Más de 600 periodistas en 117 países trabajaron en él.
Panamá teme que la divulgación de Pandora afecte la reputación del país.
El lanzamiento que el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos, es una nueva investigación sobre presuntas cuentas secretas, esta mañana hemos podido conocer que el gobierno panameño teme que la divulgación de documentos ligados a firmas locales afecte la reputación del país.
La nueva divulgación, denominada Pandora Papers, está basada en 11.9 millones de documentos, sobre cuentas y sociedades en una treintena de jurisdicciones, incluyendo Panamá, supuestamente utilizadas para esconder dinero y evadir el pago de impuestos, entre otras actividades. El consorcio obtuvo los documentos y los compartió hace casi dos años con más de 600 periodistas de unas 150 organizaciones en 117 países.
Según el consorcio los documentos involucran a por lo menos 336 políticos de 90 países. Se mencionan los nombres de los expresidentes panameños Ernesto Pérez Balladares que gobernó entre 1994 y 1999, Ricardo Martinelli presidente entre 2009 y 2014 y Juan Carlos Varela del 2014 al 2019.
Los 336 políticos se reparten entre 12 firmas, entre las que hay varias panameñas. 161 serían clientes de la firma de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) y 97 a Trident Trust. El resto se reparte así: Asiaciti Trust (25), OMC Group (21), SFM (18), DADLAW (17), Alpha (11), Fidelity (10), AABOL (8), Commence BVI (4), Cititrust (3) y GDG (2).
Alcogal y OMC Group (Overseas Management Corporation) son panameñas.
Según una nota del ICIJ, más de 2 millones de los 11.9 millones de documentos confidenciales son de Alcogal (a Trident corresponden más de 3 millones), con información sobre más de 14 mil sociedades “offshore” de panamá, Belice, Islas Vírgenes Británicas (BVI, y otras jurisdicciones creadas por Alcogal para más de 15 mil clientes en todo el mundo, la mayoría desde el año 1996.
Alcogal replicó que la información divulgada por el ICIJ es “inexacta, desactualizada y proyecta una imagen equivocada acerca de las actividades de nuestra firma”.
“Nuestra auditoría interna no encontró evidencia alguna de incumplimiento en ninguno de los casos mencionados por el ICIJ. De hecho, desde nuestra fundación en 1985, nunca hemos enfrentado cargos relacionados con actividades indebidas y mucho menos hemos sido condenados por cualquier tipo de actividad ilícita en las jurisdicciones donde trabajamos”, señaló la firma en un comunicado divulgado ayer, domingo.
El ICIJ hace referencia a una carta de Alcogal, en la que la firma le asegura que la incorporación de sociedades es solo un aspecto del portafolio de servicios legales que ofrece y que cumple con todos los requisitos legales en cada una de las jurisdicciones en las que opera.
La filtración de documentos ocurre dos días después de que se conociera que desde el 16 de septiembre pasado el gobierno panameño dirigió una nota al ICIJ, ante la posibilidad de que la investigación ocasione perjuicios al nombre del país, como ya ocurrió en 2016 con los llamados Panamá Papers, sobre las actividades de la hoy extinta firma Mossack Fonseca.
La carta, que envió J. Erik Connolly, de la firma estadounidense Benesch, Friedlander, Coplan & Aronoff LLP, señala reformas que ha hecho Panamá en los últimos años para blindar su sistema financiero, aunque es un hecho que todavía el país permanece en varias listas sancionatorias.
“Cualquiera que sea la percepción que el ICIJ tenía de Panamá en 2016, en cuanto a los requisitos de diligencia debida y la supervisión de los bufetes de abogados, no se parece en nada al Panamá de hoy”, remarca la nota.
La Presidencia de la República de Panamá divulgó un comunicado, en el que anunció que la Superintendencia de Sujetos no Financieros hará una supervisión inmediata de “los sujetos obligados de nuestra jurisdicción mencionados en la publicación, como parte de nuestra respuesta oportuna, para la protección de la imagen y reputación del país”.
Asimismo, que la Dirección General de Ingresos (DGI) iniciará los procesos de fiscalización a los contribuyentes (sean personas naturales o jurídicas) en Panamá, señalados en las publicaciones, y también atenderá el intercambio de información que solicite alguna de las jurisdicciones aludidas en las notas.
